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Iniciativa popular

Recogida pública de firmas a favor del Servicio Público de la Dependencia

Las redes sociales canalizan una iniciativa popular de recogida de firmas a favor del Servicio Público de Atención a la Dependencia y en contra de los recortes presupuestarios en estas prestaciones sociales.

Reproducimos el texto sometido a la firma de los ciudadanos que se sumen a esta iniciativa.

La situación por la que atraviesa actualmente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) está caracterizada por el anuncio de una posible reforma unilateral desde el Gobierno Central de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y, en los últimos meses, por una manifiesta pérdida de la calidad del servicio que se presta a las personas dependientes, una migración de su carácter y contenido público hacia el privado y una minusvaloración de los derechos laborales de la personas que desarrollan los servicios profesionales de atención a la Dependencia cuando no la perdida directa de sus empleos. Éstas son algunas de las primeras repercusiones de las decisiones que se están adoptando tanto en el ámbito del Gobierno Central como Autonómico sobre el sistema público de prestaciones de Servicios Sociales y Dependencia.

Es por ello que las personas y entidades abajo firmantes

Manifiestan

Que consideran insólito que el Gobierno Central anuncie una posible reforma de la Ley de Dependencia de forma unilateral, quebrando con ello el espíritu de colaboración y acuerdo social y político amplio que dio origen a la propia Ley y al Sistema de Dependencia.

Que consideran que las medidas ya anunciadas por el Gobierno Central en este sentido conllevarán entre otras repercusiones el cambio en el modelo de gestión de la Dependencia orientado a la progresiva privatización de todos los ámbitos del sistema, una menor protección a las personas dependientes y una menor inclusión de los mismos dentro del sistema. El nuevo modelo pretendería trasladar a los beneficiarios la responsabilidad de la financiación del Sistema mediante un incremento del copago, y la sustitución de la responsabilidad pública en las prestaciones mediante una nueva figura de red de responsabilidad pública que configura en realidad una red mercantil.

Que entienden que, en la misma medida, la reforma comentada colocará en situación de peligro el empleo de las personas que gestionan dicha Ley y que desarrollan los servicios y prestaciones de los que son beneficiarios/as los/as usuarios/as de Andalucía. Todavía son cerca de 125.000 los andaluces en situación de dependencia a la espera de recibir una prestación, y los recursos destinados al desarrollo de la Ley de Dependencia son también inversión en creación de empleo.

Que, finalmente, entienden que las primeras repercusiones de las medidas anunciadas por parte del Gobierno de la CCAA, dentro del Plan Económico-Financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía, van a ser poner en peligro la calidad de los servicios que se han venido prestando hasta la fecha y una insostenible precarización en las condiciones laborales de los trabajadores/as de la Agencia de Servicios Sociales y la Dependencia de Andalucía. A título de ejemplo, la calidad de la atención del servicio de Teleasistencia que se presta a 180.000 usuarios se verá seriamente afectada cuando se aplique la reducción del 10% de la jornada a las plantilla impuesta por la Junta.

Por todo ello

Solicitan

A las administraciones, a las organizaciones políticas y sociales, y al conjunto de la ciudadanía que unan sus esfuerzos para preservar tanto la dimensión social como la económica a la hora de garantizar el futuro del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

A las administraciones de todos los ámbitos, que promuevan el amplio acuerdo social y político que entre 2005 y 2006 reunió a las organizaciones sindicales y empresariales y a la práctica totalidad de partidos políticos dando lugar a la Ley 39/2006 para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

A las administraciones autonómicas y centrales, que los ajustes económicos que constantemente se nos plantean como necesarios para corregir la situación económica actual no recaigan, nuevamente, sobre los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, es decir, los/as dependientes, sus familiares, cuidadores/as, y los trabajadores/as que están al servicios de aquellos.