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Honduras. Por unanimidad fueron aprobadas reformas al Código Penal

Cárcel y cuantiosas multas a quienes cometan prácticas discriminatorias

Por unanimidad de los diputados, fueron aprobadas reformas al Código Penal que contemplan cuantiosas multas contra quienes promuevan la discriminación por raza, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión, entre otros agravantes.

La presentación del proyecto de reformas al Código Penal fue hecha por el diputado nacionalista Mario Pérez, de la Comisión de Legislación, quien estuvo acompañado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.

Esa enmienda contempla multas de hasta 300 mil lempiras y cinco años de prisión a los medios de comunicación y a quienes por medio de estos promuevan actitudes discriminatorias tipificadas en los artículos reformados del Código Penal.

Se trata de la modificación a los artículos 27 y 321 del decreto número 144-83, del Código Penal que considera “circunstancias agravantes”, “cometer el delito con odio o desprecio en razón del sexo, género, religión, origen nacional, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, orientación sexual o identidad de género, edad, estado civil o discapacidad, ideología u opinión política de la víctima”.

El artículo 311 indica que esta agravante será sancionada con reclusión de tres a cinco años y se le aplicará una multa de 30 mil lempiras a 50 mil lempiras a la persona que, arbitraria e ilegalmente, obstruya, restrinja, disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestación de un servicio profesional por motivos de sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar, condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Además, la pena se aumentará en un tercio cuando el hecho sea cometido con violencia, sea responsabilidad de un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo y en caso de reincidencia. El funcionario o empleado público será sancionado también con inhabilitación especial durante un tiempo igual al doble del aplicado a la reclusión.

Al hemiciclo legislativo también se presentaron directivos y representantes de organizaciones feministas y de colectivos de la diversidad sexual.

Si el responsable es extranjero, se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena.

DELITO DE FEMICIDIO

Se incluye adicionar los artículos 118-A y 321-A al Código Penal, que define la figura del femicidio, cuya pena será de hasta 40 años de reclusión con una serie de agravantes.

“ARTÍCULO 118-A: Incurre en el delito de femicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer y se castigará con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, cuando concurran una o varias de las circunstancias…”.

La pena del femicidio, que ahora contemplará el Código Penal se agrava cuando el sujeto activo del delito mantenga o haya mantenido con la víctima una relación de pareja, ya sea matrimonial, de hecho, unión libre o cualquier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas en las que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental.

Además, cuando el delito esté precedido de actos de violencia doméstica o intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia; cuando esté precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza.

Asimismo, cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.

PENAS Y MULTAS

Miembros de organizaciones de la diversidad sexual estuvieron apoyando a los diputados mientras se discutían y aprobaban las reformas al Código Penal, que sancionan las prácticas discriminatorias.

Los cambios al Código Penal no podían dejar de lado a los medios de comunicación, ya que se incluyó en la reforma el artículo 321-A, que establece que “al que públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público incitare a la discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o ataques contra una persona, grupo o asociación, fundaciones, sociedades, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo anterior, se le impondrá una pena de tres (3) a cinco (5) años de prisión y multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00) a trescientos mil lempiras (L.300,000.00). Esta sanción se aplicará sin perjuicio de las medidas de carácter administrativo que sobrevengan en contra del medio de comunicación aplicadas por los entes reguladores del Estado”.

Las reformas se promovieron por las críticas que reciben ciertas organizaciones, incluidas aquellas que aglutinan a la diversidad sexual y que se sienten discriminadas.

Y hay un agregado de que “la misma pena se aplicará cuando el culpable lo haga en ocasión de sus actividades profesionales, mercantiles, o empresariales, o por un particular en la prestación de un servicio público”.

Con el objetivo de que se aprobara en un solo debate tales disposiciones, al hemiciclo legislativo se presentaron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda y los altos funcionarios de esa secretaría, junto a las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual, cuyos miembros aplaudieron a los congresistas por pasarles “sin tocar tablitas” estas reformas.

Según la ministra Pineda, estos cambios eran necesarios porque lo demanda la comunidad internacional y así, Honduras podrá aprobar el Examen Periódico Universal en materia de derechos humanos que se celebra cada año en Ginebra, Suiza, al seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Fuente: latribuna.hn