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Se cumplió el segundo aniversario de la ley

La Casa Blanca destaca los beneficios de la reforma de salud en Puerto Rico

La Casa Blanca ha ensalzado los beneficios de la reforma federal de salud en Puerto Rico, en momentos en que los republicanos insisten en eliminarla y el Tribunal Supremo de Estados Unidos se apresta a iniciar las audiencias orales sobre los casos que impugnan su constitucionalidad.

“Estamos hablando de una cantidad enorme de fondos asignados ($6,300 millones)”, afirmó Cecilia Muñoz, asesora de Asuntos Domésticos del presidente Barack Obama, en una sesión informativa en la Casa Blanca.

Al cumplirse dos años de que la reforma se convirtiera en ley, no sólo el Tribunal Supremo de Estados Unidos está listo para iniciar mañana las audiencias orales de los casos que buscan derogar toda o una gran parte de la ley, sino que los precandidatos presidenciales republicanos han prometido promover su derogación si tienen el control del Congreso a partir de enero de 2013.

Aunque Puerto Rico no formó parte de los mandatos de la ley, que le requieren a los patronos proveer planes médicos y a los individuos que están sobre el nivel de pobreza adquirir su propio seguro de salud, la legislación viabilizó un aumento promedio de $600 millones anuales en los fondos de Medicaid desde 2010 hasta 2019.

También se asignaron, por medio de la ley que crea centro sde intercambio de seguros, $900 millones adicionales, que como los fondos de Medicaid se destinarían al plan de salud gubernamental de Puerto Rico, ahora llamado “Mi Salud”.

Para cerca de 85,000 pacientes de la tercera edad y discapacitados adscritos al programa Medicare en Puerto Rico, la reforma federal de salud también ha significado un ahorro promedio anual de $550 en la compra de medicamentos recetados.

Para Muñoz, la impugnación de los mandatos que se otorgan por medio de la ley pone en riesgo por lo menos los $900 millones asignados a través de la creación de centros de intercambio de seguros.

Pedro Pierluisi, comisionado residente en Washingotn, piensa, sin embargo, que el peligro para Puerto Rico está más en el lado político, tras la insistencia de precandidatos presidenciales republicanos como Mitt Romney en derogar toda la ley, lo que pudiera cortar las asignaciones de fondos.

Pero, por Puerto Rico haber sido excluido formalmente del centro de intercambio de seguros, el eje central de la batalla legal, Pierluisi no prevé que una decisión adversa en el Tribunal Supremo ponga en peligro los fondos para la Isla.

“Como la legislación provee que si los tribunales invalidan cualquiera de sus disposiciones, el resto de la medida permanece en pleno vigor, no vislumbro que esté en riesgo la sección que contiene nuestras asignaciones de fondos”, indicó Pierluisi, quien fue secretario de Justicia de Puerto Rico.

“Los argumentos ante el Tribunal Supremo son un momento histórico, pero tenemos confianza de que vamos a poder implantar toda la ley”, dijo Muñoz, quien hasta hace unas semanas estuvo a cargo de las operaciones de la Casa Blanca con respecto a Puerto Rico y en una sesión informativa afirmó que por lo menos los $900 millones relacionados a la creación del centro de intercambio de seguros pueden estar en riesgo.

La mayoría republicana de la Cámara baja, sin proteger las asignaciones para Puerto Rico, aprobó en 2011 tachar toda la reforma, pero los demócratas del Senado detuvieron el proyecto de ley.

Para Romney, quien aprobó una ley parecida cuando era gobernador de Massachusetts, la reforma encarece los servicios de salud, le cuesta demasiado al erario público. recorta asignaciones para Medicare y regula un asunto que debe estar en manos de los estados.

A nivel político, el asunto puede ser dilucidado tras las presidenciales de noviembre.

En torno al debate político electoral, durante el cual los republicanos se han dedicado a resaltar los mandatos de la reforma hacia individuos y empresas, Muñoz afirmó que “estamos en un ambiente de mucha exageración”.

Muñoz resaltó que la ley permite que a partir de 2014 las aseguradoras no puedan discriminar en contra de pacientes por condiciones médicas previas y ya requiere a las compañías aceptar que los padres puedan mantener a sus hijos en su plan de salud hasta los 26 años.

“Esta ley aumenta la libertad en el sentido de que las personas van a poder escoger sus médicos, su plan y para los que no tienen recursos para pagar va a haber ayuda financiera”, dijo Muñoz.

Antes de la adopción de la ley, uno de cada tres latinos en Estados Unidos – el nivel más alto de cualquier otro grupo racial o étnico -, carecía de un médico regular.

Para la responsable de los asuntos domésticos de la Casa Blanca, “los nuevos mercados (de intercambio de seguros), créditos fiscales y la expansión de Medicaid resultarán en que 9.1 millones de latinos tengan derecho a obtener cobertura médica”.

Fuente: elnuevodia.com