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México

Discriminan instituciones de crédito a discapacitados

En México existen cinco millones 739 mil 270 personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo cual equivale a un 5.1 por ciento de la población total, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, sin embargo, estas personas son discriminadas por las instituciones bancarias y de crédito que les niegan servicios. A fin de eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad que intentan contratar seguros y créditos en instituciones bancarias, el senador panista Guillermo Tamborrel Suárez presentó una iniciativa para que las instituciones bancarias otorguen dichos servicios a este sector de la sociedad.

El Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables señaló que el sistema financiero ha perdido de vista que en la prestación de tales servicios se debe atender a la solvencia, riesgo o historial crediticio de la persona, “pero nunca por vivir o no con alguna discapacidad”.
La propuesta, resaltó el Legislador queretano, no es que esos negocios dejen de ser rentables, sino que las personas con discapacidad sean consideradas para adquirir ese tipo de servicios en función de su capacidad económica.
Por otra parte, el estudio “Discriminación hacia las personas con discapacidad por parte de empresas aseguradoras en México”, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dio a conocer que cerca de 71 compañías aseguradoras del país consideran a las personas con discapacidad como no susceptibles de ser cubiertas por sus pólizas, indicó el Legislador.
Con la iniciativa se pretende modificar la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Federal de Instituciones de Finanzas, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el objetivo no de coartar el derecho de las instituciones financieras sobre sus actividades, sino para establecer criterios y lineamientos para brindar una atención de calidad a todas las personas y en especial a las que viven con discapacidad, precisó.
“Las instituciones financieras deben prestar a ese sector de población servicios en las mismas circunstancias que al resto de las personas, porque en ningún caso el vivir con una discapacidad implica la negación de un servicio o la adhesión a algún contrato”, sentenció.
Ningún Estado que se precie de ser humanista puede permitir que la ausencia de lineamientos tendientes a proteger y brindar trato igualitario a todas las personas dé cabida a actos discriminatorios por vivir con una discapacidad, concluyó.