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Editorial del diario La Voz, de Argentina

Un país discapacitado

En el discurso oficial es de rigor el estereotipo de “igualdad de oportunidades”. No hay tal cosa. Si existen argentinos que padecen una insensible y sistemática desigualdad de oportunidades son los ciudadanos con capacidades diferentes.
Habitan un país plagado de centros urbanos que parecen diseñados para hacerles más dura y azarosa su existencia, desde las veredas que son un caos de desniveles, postes y carteles planificados para obstaculizar su desplazamiento, hasta la existencia virtual de semaforización especial para invidentes o hipoacúsicos, pasando por servicios públicos de transporte de pasajeros que carecen de comodidades mínimas para ellos.
Nuestro país es un conglomerado de centros urbanos discapacitados, construidos para mi-nusválidos, es decir, para ciudadanos cuyos derechos a una calidad de vida digna son infravalorados. Quienquiera que no ejerce funciones de gobierno sabe a la perfección que una persona con capacidades diferentes es en nuestro país una sobrecarga económica y una injusticia social para él y para su familia, a pesar de que los avances científicos y técnicos ofrecen un vasto abanico de posibilidades laborales. Para ellos, su ciudadanía sólo cuenta en campañas proselitistas.
Se han realizado infinidad de estudios comparativos de rendimiento laboral. Todos demuestran que, a iguales requerimientos operativos, los antiguamente descriptos como discapacitados cumplen su tarea con mayor concentración y eficiencia que un operario “normal”. Sólo requieren un adiestramiento adecuado. Ni hablar de la obligación del Estado de garantizarles un nivel educacional y el acceso a equipamiento informático. Por cierto, existen leyes, decretos, ordenanzas, que fijan un porcentaje de personal que debe serles asignado, tanto en la función pública como en la actividad privada (en estos casos, hasta ayudando a las empresas con subsidios). Todos sabemos que esa legislación rara vez se cumple. Simplemente, se promulga para acallar conciencias, o lo que fuere.
Revisiones estadísticas realizadas a fines del año anterior y en lo que va del actual lo prueban de modo irrefutable. Un 7,1 por ciento de los argentinos tiene algún tipo de discapacidad, o sea, más de 2.170.000 personas. Y el 74 por ciento de ellos están marginados de las fuerzas del trabajo. Uno de cada cinco hogares alberga por lo menos a un discapacitado; por consiguiente, casi siete millones de argentinos padecen discapacidad o deben asistir a familiares en esa situación. Sostenía al respecto una ONG que “el discapacitado que no tiene trabajo es una ‘carga de familia’ o en su defecto es una ‘carga pública’; no hay otra opción. Lo que hace imprescindible que toda la sociedad, en su conjunto, se esfuerce en crear oportunidades laborales para las personas con discapacidades y/o para algún familiar directo de ellas”.