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En ESO y Bachillerato

Un nuevo decreto permite impartir materias sobre discapacidad en las escuelas

El nuevo real decreto del Gobierno central que establece los currículos de ESO y Bachillerato con la reforma educativa (Lomce) entró el pasado domingo en vigor. La norma abre la puerta a que las comunidades autónomas o los propios centros desarrollen asignaturas para enseñar a los alumnos técnicas de comunicación como el braille, el lenguaje de signos, autonomía personal o tiflotecnología, una disciplina para ayudar a personas con discapacidad visual o ceguera.

La posibilidad de ofrecer estas materias dependerá del desarrollo que las comunidades hagan de los currículos, especialmente en las asignaturas que el decreto define como de «libre configuración». En caso de ofrecerse, dichas materias se impartirían de forma adicional a las definidas como «troncales» y no se incluirían en las evaluaciones previstas por la Lomce.

Además, la normativa establece la obligatoriedad de que las administraciones educativas lleven a cabo medidas para fomentar la inclusión y la calidad en la enseñanza de las personas con discapacidad, permitiendo para ello «tomar medidas de flexibilización, adaptaciones curriculares o alternativas metodológicas», entre otras posibilidades. De hecho, el desarrollo de los currículos permite alargar el itinerario educativo de los alumnos con necesidades especiales un curso más, sin que este contabilice como año repetido.

Aún así, el requisito de aprobar las evaluaciones finales para la obtención del título de graduado en ESO y Bachillerato sigue siendo el mismo para todos los alumnos en función del itinerario que elijan, «con independencia de que se pongan los medios necesarios para que alcancen dicho nivel de exigencia», según recoge la norma aprobada por el Gobierno.

En el caso del aprendizaje y evaluación de la lengua extranjera, las medidas de adaptación para los alumnos con discapacidad y, en particular, para quienes presentan dificultades en la expresión oral, no influirán en las calificaciones que estos obtengan en dichas pruebas.

La norma establece también la colaboración entre el Ministerio de Educación y las administraciones autonómicas para llevar a cabo acciones específicas de sensibilización e información del alumnado, de cara a promover la igualdad y la no discriminación entre personas con y sin discapacidad, así como para prevenir la violencia de género.