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Se exculpa amparándose en el «alto índice de mortalidad» de los beneficiarios

La Junta de Andalucía tarda el doble del plazo legal en resolver las ayudas de dependencia

Para 1.485 andaluces que pidieron la prestación de dependencia, la carta de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social llegó demasiado tarde. Ya habían muerto esperando, atascados en el largo camino burocrático que transcurre entre la solicitud de la ayuda y el reconocimiento del derecho a cobrarla. La Ley de Dependencia, que echó a andar en enero de 2007, obliga a las comunidades autónomas a resolver las peticiones antes de seis meses, según informa el diario ABC

Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía publicado ayer, que analiza el programa presupuestario 31-R sobre atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad entre 2007 y 2012, revela que «el tiempo medio transcurrido entre la fecha de solicitud y la de reconocimiento de la prestación para las 92.081 personas beneficiarias de prestaciones económicas ha sido de 395 días (13 meses)».

Lejos de admitir ninguna responsabilidad, la extinta Consejería de Igualdad y Bienestar Social se sacude la culpa del retraso amparándose en «el alto índice de mortalidad que caracteriza a las personas con gran dependencia».

Trece meses -más del doble del plazo máximo previsto en la normativa- puede suponer una eternidad para este colectivo, que suele tener una salud endeble y una edad avanzada. Al 31 de diciembre de 2012, según la base de datos obtenida de la aplicación Syss-depende, estaban catalogados como «grandes dependientes» el 47,9 por ciento de las personas que tenían derecho a prestación que habían causado baja en el sistema por fallecimiento antes de cobrar la ayuda. Es decir, de los 1.485 beneficiarios que fallecieron en la lista de espera, casi la mitad tenían reconocido el grado III, el nivel más grave.