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El fármaco, administrado para evitar mareos en el embarazo, generó daños irreversibles

Las víctimas de la talidomida aplauden la sentencia

"Somos la primera asociación en el mundo que ha derribado a un imperio farmacéutico alemán". Así de rotundo se ha mostrado José Riquelme, el presidente de Avite, la asociación de víctimas de la talidomida en la rueda de prensa que ha dado este miércoles al conocer la sentencia que esta mañana se hacía pública y en la que se establecía una indemnización de 20.000 euros por cada grado de discapacidad.

La cifra que ha fijado el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid es la misma que la que reclamaba Avite y por la que rechazó una oferta de acuerdo que Grünenthal, la farmacéutica alemana, había realizado meses antes y que se situaba en 120.000 euros anuales para el total de los afectados.

Los beneficiarios por esta sentencia son sólo 24 afectados, es decir, los que fueron reconocidos en el decreto de 2010 para la concesión de ayudas. Además, según la sentencia, las indemnizaciones sólo irán destinadas a aquellos que no reciban ya indemnizaciones de la Fundación Contergam, una organización que durante años ha canalizado las ayudas para los afectados de la talidomida en Alemania. De hecho, en la rueda de prensa se ha hecho hincapié en que el siguiente paso será que el resto de afectados pueda acogerse a esta sentencia y sean indemnizados sin necesidad de acudir a juicio.

No obstante, esta sentencia es considerada como "histórica que va a provocar demandas a nivel mundial contra el imperio de las farmacéuticas, ha añadido Riquelme, quien ha afirmado que "hemos recuperado la dignidad que nunca tuvimos que perder", informa Efe.

Basándose en el informe Heidelberg, un estudio reciente sobre la aparición tardía de secuelas en los afectados, la juez de Madrid que instruyó el caso, Gemma Susana Fernández Díaz, ha tumbado el argumento de la compañía que insistía en que los daños habían prescrito. No obstante, a lo largo de los 25 folios la sentencia manifiesta la rareza de este lapsus temporal superior a 50 años transcurrido hasta que se ha llevado a juicio a Grünenthal.

Sí que se considera demostrada la relación entre la ingesta del fármaco y el daño generado en los hijos de las mujeres gestantes y la actuación "culposa y negligente" del fabricante "por no haber observado las reglas de conducta exigibles a un productor de medicamentos ordenado y cuidadoso en cuanto a la experimentación del medicamento y la descripción de sus efectos" y por no haber informado a los médicos españoles del motivo de la interrupción de las ventas en 1961. En el prospecto, se seguía indicando que el fármaco era de "acción segura, insípido e inocuo", señala.

Por otro lado, en la sentencia se rechaza que la distribuidora en España fuera independiente de la actividad de la matriz y aplica la doctrina sobre la extensión de responsabilidad en los grupos de empresas.

Grados de discapacidad

Las comunidades autónomas valoran la discapacidad con el baremo previsto en el Real Decreto 2012. Legalmente la discapacidad de una persona se reconoce cuando es igual o superior al 33%, siendo la puntuación máxima de 100 puntos.

En esa baremación hay una combinación de las puntuaciones sanitaria, psicológica y social estimada a raíz de unos códigos de deficiencia, diagnóstico y grupo etiológico. En cada CCAA hay un grupo específico, formado por médicos, trabajadores sociales y psicólogos, que realiza la valoración de cada persona.

Existen tres grupos de grados de discapacidad en función de los cuales se ofrecen unos beneficios fiscales y administrativos diferentes. En el primero se incluyen las personas con una discapacidad que está entre el 33% y el 64% y que incumbe a aquellas que tienen un nivel de autonomía personal lo suficientemente importante para su integración social y laboral. En el grupo del 65% al 74% están integradas aquellas personas que presentan cierta dificultad a la hora de integrarse en el ámbito social y laboral. Por último, en el grupo con un grado de discapacidad superior al 75%, se incluyen aquellas personas que requieren o pueden precisar ciertas herramientas especializadas que faciliten su integración social.

Las deficiencias generadas por la talidomida se definen como focomelia o amelia, es decir, miembros superiores e inferiores muy pequeños o ausencia de ellos y, en consecuencia, con diferente gravedad y afectación.

Cada persona se valora según las tablas de amputación, dentro del capítulo locomotor. Como aclaran portavoces de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, "la falta completa de un miembro superior (del codo para arriba) alcanza una valoración de un 49% y la falta de un miembro inferior ronda el 33%. Esta discapacidad les genera enorme dificultad, dependiendo de la longitud del miembro, etc., para la marcha, transferencias y manipulación, vestido, autohigiene y puede producir un trastorno de la imagen personal, que genera problemas psicológicos de autoestima y socialización, toda vez que además es congénita y la han sufrido durante toda la vida".

En este caso, según Ignacio Martínez, abogado de Avite, la media en el grado de discapacidad de los 24 afectados oscila entre el 65% y el 70%. Aunque todavía no está claro si estas personas serán de nuevo evaluadas por otro comité o se conservará la baremación que tiene cada uno de ellos.

Reacción de la farmacéutica

Por su parte, la empresa farmacéutica Grünenthal señala en un comunicado publicado al conocer la sentencia que "respeta pero no comparte los argumentos de la sentencia, por lo que procederá a analizarla con mayor grado de detalle y decidirá las acciones que estime más apropiadas".

"La talidomida se introdujo hace más de 50 años. Grünenthal cree que su conducta fue consistente con el estado del conocimiento científico y con los estándares que prevalecían en aquel momento para el desarrollo y la realización de pruebas en la industria farmacéutica. Además, otras compañías fabricaron y comercializaron sus propios productos con talidomida en España de forma totalmente independiente a Grünenthal, tal y como reconoce la sentencia", señala el comunicado.

La compañía no ha indicado si acudirá de nuevo a juicio para intentar que el fallo sea revocado, ya que no es una sentencia firme.