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Por los recortes de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Granada puede perder más de doscientas plazas concertadas en centros sociales

La diputada delegada de Centros Sociales, Nuevas Tecnologías y Consumo, Rosa Fuentes, ha valorado hoy las consecuencias que tendrá para la provincia la decisión de la Junta de Andalucía de dejar de pagar a partir del mes que viene la reserva de plazas en los centros de personas mayores y con discapacidad, así como el proyecto de orden que regula la concertación con las residencias de la comunidad autónoma.

Recortes que, en opinión de la diputada, supondrán que “más de doscientas plazas concertadas se podrían perder” en los centros sociales de la provincia en lo que sería una “parálisis de la Ley de la Dependencia en la provincia” por “la mala gestión de la Junta de Andalucía”, informa "Andalucia Noticias".

Las medidas afectan a la prestación de servicios a los mayores y discapacitados de las familias con menos recursos y también “están generando incertidumbre en las contrataciones”, según ha reconocido Rosa Fuentes en rueda de prensa en la Diputación de Granada. El nuevo proyecto de orden de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha levantado las críticas de asociaciones de discapacitados que estiman que puede acarrear unos dos mil despidos en la comunidad autónoma,

En la provincia, el 25 por ciento de las plazas concertadas con el Gobierno andaluz en residencias y centros de discapacidad están vacantes. Los centros sociales de la Diputación afectados son la Residencia Rodríguez Penalva en Huéscar, con 97 plazas concertadas de las que 27 están vacantes, y el Centro Reina Sofía en Armilla para cuya gestión se va a dejar de percibir igualmente la correspondiente partida económica cuando se produzca alguna “vacante por defunción o ingreso hospitalario del usuario” ya que esa plaza no sería reservada.

Estos centros sociales disponen del equipamiento y la organización precisas para cubrir la atención a esas plazas pero, sin embargo, no pueden atender a las más de 20 familias con escasos recursos de la provincia de las que la Diputación tiene constancia que no pueden ingresar a sus familiares mayores o discapacitados porque la Junta de Andalucía “no está resolviendo los expedientes que tiene sobre la mesa a excepción de algún caso de emergencia social”.

La administración autonómica tiene, según las asociaciones empresariales del sector, 40.000 solicitudes de la Ley de Dependencia pendientes de resolver en toda Andalucía. A ello se suma ahora la modificación de los conciertos y contratos que en este momento están suscritos con los centros sociales y los servicios de atención a personas con discapacidad todo lo cual conlleva un cambio en el sistema de financiación previamente establecido y la disminución de forma neta de la aportación que realiza la administración autonómica.

Rosa Fuentes ha anunciado, en este sentido, la preparación de un recurso por parte de la Diputación Provincial contra esta medida “con la que entendemos que se conculcan derechos reconocidos” en lo que es “un recorte más” en política social cuando la Junta de Andalucía puede “ajustar su presupuesto en muchos gastos superfluos sin tocar partidas tan sensibles”.

“La Diputación de Granada está haciendo un gran esfuerzo para prestar un servicio a los ciudadanos de la provincia a la vez que está generando empleo en nuestros centros sociales, todo de acuerdo a la normativa que establece la Junta de Andalucía para que nuestros centros tengan la acreditación y la concertación de las plazas para mayores y personas discapacitadas”, ha explicado Fuentes.

En la misma línea, la diputada ha denunciado que “aunque nuestros esfuerzos van encaminados día a día a que se mantenga esta concertación en nuestros centros, la Junta de Andalucía ha decidido de manera unilateral que, a partir del mes de septiembre, dejará de financiar todas aquellas plazas concertadas reservadas que se quedan vacantes y no estén ocupadas” en un cincuenta por ciento “por valor de la plaza” que es “lo que venía financiando hasta ahora”.

Ahora, los centros sociales se ven abocados a “no saber si las previsiones de ingresos que tenemos para este año van a ser cumplidas”, ha destacado Rosa Fuentes quien ha mostrado una especial preocupación por los efectos en las zonas rurales de estos recortes pues en el Poniente, zona que Fuentes representa en el equipo de Gobierno provincial, o la comarca de Huéscar centros como la Rodríguez Penalva son “agentes dinamizadores” que dan empleo “a muchas mujeres y muchos jóvenes”.

Por ello, la diputada de Centros Sociales ha mostrado su “rotundo rechazo” ante esta “decisión unilateral” de la Junta de Andalucía que “como un mal jugador, cambia las normas de juego a mitad de la partida” haciendo “abuso de su superioridad”.