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Según el presidente del CERMI Comunidad Valenciana

La “asfixia” que viven las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana

El CERMI Comunidad valenciana denuncia la situación de “asfixia” y “franca bancarrota” que viven las personas con discapacidad en la Comunidad. Así lo afirma el presidente del CERMI Comunidad valenciana, Joan Planells, en un artículo recogido en el número 78 del periódico ‘cermi.es semanal’ -órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Planells asegura que la Comunidad está en “franca bancarrota” y que la Generalitat “quiere recortar donde sea y como sea; quieren recaudar como sea porque los números no les salen”, pero, puntualiza, “tienen otros muchos más sitios donde recortar que no sea a las personas más débiles y más machacadas por la sociedad”.

En este sentido, destaca que todavía se deben pagos de 2011 y 2012, “cantidades de dinero muy importantes”. “Todo esto lleva a una situación caótica”, a lo que hay que añadir, dice, el recorte de Bienestar Social a todas las entidades del 10%, así como de todo tipo de subvenciones, y “una orden de copago de las más duras de España”.

En este sentido, asegura que en 2009 empezaron a congelarse una serie de programas, servicios y subvenciones para atención a personas con discapacidad que alertaron a las organizaciones, pero posteriormente empezaron los recortes de entre el 5% y el 10% anuales. En 2011, explica, se agudizó el problema de las deudas o impagos por parte de la Consejería de Bienestar Social.

En lo que respecta al empleo protegido, según Planells, la Comunidad “está en caída libre”, ya que “todas las entidades han reducido y estamos casi a un 55% de lo que éramos hace tres años”, en 2009 eran más de 5.000, a finales del año pasado eran 3.907 empleados, y ahora sólo 3.500.

Para el responsable del CERMI CV en Castellón, Carlos Laguna, en empleo el movimiento de personas con discapacidad “había aguantado bien los primeros años de crisis, fundamentalmente gracias a la acción de los CEE, pero en estos momentos, con la asfixia por los impagos a los que se les está sometiendo por parte de la Administración, han bajado de manera notoria las contrataciones”.

A esto, añade la desaparición de ayudas para el fomento del empleo, o de programas de formación ocupacional y planes integrales, por lo que, puntualiza, “el panorama es más bien desolador. Los CEE ven peligrar 5.000 puestos de trabajo imposibles de absorber por el mercado ordinario”.

Laguna también subraya la aprobación a finales de diciembre de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013, “otro duro revés para las personas con discapacidad”, ya que deja sin efecto el párrafo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad que dice que la Generalitat Valenciana “garantizará la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible la prestación a los mayores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 65%”.

Esta decisión supuso, afirma Laguna, “un grave retroceso para muchas personas, añadido además a una situación que se complicaba por momentos”. “Es un hachazo más a las magras economías familiares en las que convive una persona con discapacidad; todo el mundo sabe, al parecer menos muchos políticos, que vivir con discapacidad es mucho más caro que vivir sin ella; además supone añadir otro copago a otros que se están realizando por otros conceptos”.

En esta línea, asegura que “son numerosas las entidades que han tenido que echar el cierre o sufrir drásticas reducciones de plantilla, o EREs, como consecuencia de los impagos. “Las entidades sabemos que nos tenemos que adecuar a la actual situación, en incluso refocalizar nuestra actividad, pero la Administración tiene que saber que somos un sector absolutamente necesario y que estamos ahí donde ella no puede llegar”.

Finalmente, Laguna afirma que existen 14.000 personas en situación de dependencia que esperan desde hace tiempo que se habiliten los créditos necesarios para que se firmen sus resoluciones.