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La nueva tarjeta incluye más medidas de seguridad contra el fraude

50.000 personas con discapacidad disponen de tarjeta de aparcamiento en Andalucía

La Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social ha tramitado en 2012 un total de 3.266 tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida en Andalucía. Con estos datos, son un total de 49.146 las personas de la comunidad que cuentan con este documento en vigor.

La tarjeta, personal e intransferible, acredita a sus titulares para que puedan estacionar los vehículos a motor en los aparcamientos reservados para personas con discapacidad y movilidad reducida, al tiempo que disfrutar de las ventajas que los ayuntamientos establezcan en su favor. Además de en Andalucía, tiene validez en todo el territorio nacional y en los países integrantes de la Unión Europea.

Del total de títulos en vigor en este año, 26.422 pertenecen a hombres y 22.724 a mujeres. Por provincias, Málaga tiene 10.867 tarjetas activas, seguida de Sevilla –10.800-, Cádiz –9.779-, Granada –4.895-, Huelva –3.804-, Córdoba –3.236-, Almería -3.083- y Jaén –2.682-.
La nueva tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33% y una movilidad reducida.

Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65% y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.

En la nueva tarjeta se ha modificado el formato para incorporar más medidas de seguridad, como un holograma, a fin de evitar su falsificación, y se ha reducido el plazo de su vigencia inicial de los 10 a los cinco años para las personas mayores de 70 años, y a dos años en el caso de las mayores de 80, informa la agencia Servimedia.

Los organismos encargados de determinar las condiciones de los solicitantes son los centros de valoración y orientación de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que se ocupan, entre otras cosas, de valorar las discapacidades física, psíquica y sensorial de los beneficiarios.