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Admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno

El Constitucional suspende el euro por receta en la Comunidad de Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender la aplicación del euro por receta vigente en la Comunidad de Madrid desde el día 1 de enero. La suspensión ha sido adoptada por el tribunal al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El TC admitió a trámite un recurso similar respecto al euro por receta en Cataluña y ha suspendido allí esta medida, por lo que se ha adoptado la misma decisión para la Comunidad de Madrid.

El pleno del Tribunal Constitucional, que se reúne cada quince días, incluyó el asunto en el pleno de esta semana, celebrado hoy, y ha admitido a trámite el recurso del Ejecutivo, una medida que lleva aparejada de forma inmediata la suspensión de la aplicación de la medida.

Además, el tribunal ha admitido también el recurso contra el euro por receta en Madrid presentado por un grupo de senadores del PSOE.

En la providencia notificada hoy, el pleno del Constitucional da traslado de su decisión a la Comunidad de Madrid para que en el plazo de quince días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas.

Vulnera la igualdad

Conforme a la legislación, ha dado traslado también de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Asamblea de Madrid.

En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución indica que para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde la fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno (el 18 de enero de 2013).

La providencia añade que "para los terceros", la suspensión será efectiva desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que comunicará a los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Asamblea de Madrid.

El pasado 11 de enero el Gobierno acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno ha considerado que el euro por receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.

El fondo del asunto

Una vez acordada la suspensión cautelar, esta decisión no supondría pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto y la medida preventiva podría extenderse hasta que el TC resuelva el recurso.

Estos mismos trámites se han desarrollado ya en relación con el euro por receta en Cataluña, después de que el pasado 15 de enero el TC admitiera a trámite un recurso similar contra él del Ejecutivo central, lo que supuso que la aplicación de esta medida en Cataluña quedara suspendida inmediatamente.

El Gobierno considera que el euro por receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.

En su dictámen del 17 de enero, y en el mismo sentido que hizo con este asunto en relación a Cataluña, el Consejo de Estado ha determinado que la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid es inconstitucional.

En su escrito, el Consejo de Estado consideraba que la aplicación del euro por receta "es competencia exclusiva del Estado, en relación con las bases y coordinación general de la sanidad y con la legislación con los productos farmacéuticos" establecido en la Constitución.

El dictamen del Consejo de Estado, solicitado por el Ejecutivo, recogía los votos particulares de los consejeros Enrique Alonso, Fernando Ledesma y María Teresa Fernández de la Vega, quienes se han pronunciado en contra de la decisión mayoritaria.

Por todo ello, ha determinado que la tasa implantada por la Comunidad de Madrid invade las competencias atribuidas al Estado. El euro por receta en la Comunidad de Madrid también ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE.