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Iniciativa impulsada por el CERMI

Estrategia para lograr la efectividad de los derechos de la discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) avanza en una estrategia para lograr la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, con el objetivo de alcanzar una igualdad real en el reconocimiento, cumplimiento, aplicación y ejercicio efectivo de sus derechos.

El objetivo del documento ‘Reflexiones para una estrategia que avance en la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias’, iniciativa del director de Servicios Jurídicos del CERMI, Miguel Ángel Cabra de Luna, es visualizar la realidad en este sentido y tratar de apuntar ideas para superarla, cambiar y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Por una parte, el CERMI pide a las instituciones y políticos que extremen el rigor en la elaboración de las normas y las acerquen a los problemas reales de la sociedad, para lo cual el contacto con la sociedad civil organizada resulta “imprescindible y no sólo recomendable”. Por otra parte, considera que las políticas públicas resultan imprescindibles para que los derechos se hagan una realidad; y, por último, destaca que el compromiso social activo, que responde a la idea de implicación social activa de todos, se trata de una de las etapas “imprescindibles” de cualquier estrategia para resolver cualquier problema social.

Para ello, según se define en la estrategia, es “necesario” contar con un diagnóstico claro y conciso de la realidad de las personas con discapacidad, por lo que son “precisas” las fuentes estadísticas que reflejen sus condiciones de vida, al mismo tiempo que son “necesarios”, de cara a ser transparentes, documentos políticos, estratégicos y globales que identifiquen las principales desigualdades, los ámbitos que precisan la intervención, y las prioridades.

Así, el documento señala que hay que generar un debate, en este sentido, y alcanzar una movilización social constructiva, asumiendo todos los mismos objetivos, metas y acciones para conseguirlos y luchar para llevarlos a cabo, gracias, fundamentalmente, a una complicidad con las instituciones públicas, “punto esencial de esa acción movilizadora”.

El CERMI, que se encargaría de coordinar su confección, propone, por tanto, elaborar cuatro documentos de naturaleza política sobre Educación, Accesibilidad, Salud y Trabajo, que cuente con la “máxima” participación de todos y cada uno de los sectores, personas y asociaciones implicadas o que pueden aportar algo de valor, dándole la máxima visibilidad política, con el objetivo de que las leyes y principios jurídicos que las sustentan se cumplan.

Más allá de insistir en que se cumplan las leyes, el CERMI plantea que hay que llevar a cabo una labor dirigida a que se imponga el voluntario cumplimiento, “que es la mejor manera de que se hagan efectivas las reglas y las normas”. Es decir, según explica, los avances sociales “no siempre se producen por las decisiones judiciales, sino por la voluntad cooperativa de mujeres y hombres en la vida real”.

En este sentido, indica que hay que trazar lazos, alianzas y complicidades con todos, suscribir convenios, trazar planes de actuación, firmar códigos éticos, de autorregulación, comprometer a las empresas y sectores económicos, o implicar desde los agentes socio-económicos (empresas/sindicatos) a las élites económicas y financieras.

Asimismo, señala que habría que plantear y exigir a los políticos que toda norma jurídica disponga de una evaluación continua de su cumplimiento y un “plan de despliegue” para asegurar su efectividad.

Para el CERMI, ahora es el momento de incrementar de forma sustancial, dar saltos cualitativos, basados en el protagonismo del activismo social de las personas que tienen intereses comunes y consensuar una estrategia coherente, con objetivos claros, acciones concretas y resultados medibles.

“Si nos resignamos a aprobar más y más leyes, sin duda justas y progresistas, preocupándonos menos por su efectividad y cumplimiento real, estaremos creando un placebo social, en el que las personas afectadas por la discriminación y la injusticia social perciben frustradas sus aspiraciones a un reconocimiento social, político, jurídico, sin ver transformadas de forma sustancial y real sus condiciones de vida”, indica.

Según señala, el enfoque proactivo de la discapacidad es “clave” y constituirá un elemento fundamental en los próximos años, no sólo por la actual coyuntura económica de crisis sistémica, sino sobre todo por convencimiento y desarrollo madurativo de las personas con discapacidad, sus familias y el movimiento asociativo en el que se integran.

Además, expone cómo la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias no sólo es un tema de derechos humanos y de justicia social, sino también de enfoque económico, donde todos los implicados ganen, es decir, cuatro millones de personas con discapacidad en España ó 80 en la UE “son un grupo nada desdeñable de consumidores o, si pueden incorporarse al mercado laboral, de trabajadores”.

En este sentido, ante la actual situación económica, el Comité propone que hay que priorizar los escasos recursos, adquiriendo en estos tiempos de crisis una mayor relevancia el coste de oportunidad que supone la aprobación de cualquier norma si finalmente no se hace efectivo su cumplimiento.