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El Instituto Fénix, que tenía alquilados los inmuebles, acumula una deuda millonaria y afronta diferentes reclamaciones de cantidad y el desahucio

La residencia de discapacitados de Fuente Vaqueros mantendrá la actividad

La empresa catalana Instituto Geriátrico Fénix S. L., que gestiona un centro de discapacitados severos en un anejo de Fuente Vaqueros y que días pasados anunció el cierre del mismo el próximo 15 de septiembre, no ofreció toda la información necesaria a los familiares de estas personas cuando les comunicó esa medida. Justificó la misma -tal y como recogió este periódico- en causas económicas y organizativas, pero dejó en el tintero otros graves hechos que le afectan. Como son los distintos procesos judiciales que tiene abiertos en su contra. Tanto por parte de la propietaria de las instalaciones como de las trabajadoras.
El primero de ellos es que la citada empresa, integrada en el grupo BBS, alquiló en enero de 2010 los dos pabellones existentes en la residencia a la sociedad propietaria de los mismos: Centro Asistencial Fuente Salinas S.L. Posteriormente, en 2011, trasladó a los residentes de una de ellas a la otra, abandonando las instalaciones y dejándolas en unas condiciones lamentables, según los arrendadores.
Las relaciones comerciales entre ambas sociedades fueron a peor desde el mismo momento en que Instituto Geriátrico Fénix S. L. dejó de pagar el alquiler mensual de las instalaciones. Una situación que desembocó en una demanda judicial, en la celebración de la correspondiente vista y en una sentencia condenatoria para la firma catalana, recurrida en estos momentos ante la Audiencia Provincial pero en fase de ejecución provisional con embargo de por medio.
Deuda enorme
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa Fe condenó al Instituto Geriátrico Fénix a abonar a la propietaria de los inmuebles un total de 1,2 millones de euros, que es la cantidad dejada de pagar y a la que habría que sumar las cantidades originadas desde el fallo, en abril del presente año. Una cifra mayúscula a la que la empresa filial de BBS no ha podido hacer frente.
Esta situación hubiera podido empujar al Instituto Geriátrico Fénix a desistir de su actividad, comunicárselo a los afectados -discapacitados severos y trabajadores- y poner fecha a su salida del centro asistencial. La presión judicial y el embargo consiguiente hubieran sido la puntilla al respecto. En opinión de Javier López y García de la Serrana, letrado y socio director del bufete Hispacolex que defiende los intereses de la sociedad propietaria de las instalaciones, «la decisión adoptada por la firma catalana era la única factible, pues las deudas le acorralan y la gestión de sus responsables ha dejado mucho que desear». El letrado adelanta, incluso, que una vez su cliente recupere la utilización de las instalaciones, «es seguro que seguirá con la actividad asistencial y ninguno de los discapacitados se vea obligado a marcharse a otra residencia y que los trabajadores mantengan sus puestos».
De la Serrana también aclara la confusión existente con el nombre de la residencia y su vinculación a las distintas sociedades. Afirma que la parte del complejo asistencial que todavía está a cargo del Instituto Geriátrico Fénix tiene el nombre 'BBS Granada 2' -en alusión a la matriz empresarial- y no 'Fuente Salinas' que es como la conocen los familiares y como éstos transmitieron a este periódico.
De la misma manera, es la dirección de 'BBS Granada 2' la que negó información a este periódico y la empresa que gestiona el centro de discapacitados severos, la que ha tomado la decisión de cerrar el mismo por la causas que expuso en su momento a los familiares.
Trabajadores
El otro frente que tiene abierto el Instituto Geriátrico Fénix es el laboral. Las 38 trabajadoras que prestan sus servicios para esta empresa y que llevan desde el pasado mes de abril sin percibir sus salarios, no están dispuestas a ponérselo fácil. Máxime cuando sus ingresos suponen el único dinero que entra en sus hogares.
Dos circunstancias se han aliado para que la firma tenga ahora un especial empeño en liquidar cuanto antes su presencia en el anejo de Fuente Vaqueros. De un lado, la resolución de una demanda de desahucio que tiene también interpuesta la propiedad de la residencia por los motivos antes citados; de otro, la de resolución de los contratos laborales que han instado las trabajadoras, que se suma a los embargos de la Tesorería de la Seguridad Social que le reclama las cantidades impagadas de toda la plantilla, así como sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria que no han sido satisfechas.
La situación ha llegado a tal punto que si la Junta de Andalucía pagase hoy mismo los atrasos pendientes con esta empresa por el concierto de asistencia a los 32 discapacitados, habría que resolver los embargos que trabajadoras y propiedad de los inmuebles tienen por ejecutar.
Para José Vázquez, abogado de un bufete de Pinos Puente que defiende los intereses de 22 trabajadoras de la residencia 'BBS Granada 2' queda claro que lo que pretende el Instituto Geriátrico Fénix es «presionar a la Junta de Andalucía para que abone las mensualidades atrasadas, que de ninguna de las maneras cubriría el montante total de la deuda que ya tiene contraída esta firma con todos los afectados por su gestión».
Las trabajadoras esperan que si la Consejería de Salud y Bienestar Social hace frente a ese débito, lo haga de forma condicionada a que se liquide antes sus mensualidades atrasadas y el pago a la Seguridad Social, Hacienda y propiedad de las instalaciones.