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La normativa no puede vetar a las personas con discapacidad el ejercicio de este derecho

CERMI denuncia que el Reglamento Notarial discrimina a los discapacitados

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denuncia que el Reglamento Notarial discrimina a las personas con discapacidad, ya que expone que “son incapaces o inhábiles para intervenir como testigos en la escritura, las personas con discapacidad psíquica, los invidentes, los sordos y los mudos”.

El CERMI considera que es “un texto plano y sin matices, que lleva a la exclusión de todas aquellas personas que tengan una discapacidad sensorial o intelectual”. En este sentido, apunta que dicho Reglamento vulnera varias normativas de rango superior, entre ellas, la Constitución o la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad.

Por este motivo, recuerda que el artículo 12.2 del Tratado Internacional dispone que “las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” y el 12.3 establece que se “adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad y el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

En el ámbito de la justicia, el artículo 13 de la Convención señala que “se asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso en ese ámbito en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares”.

Según el CERMI, “si la Convención claramente se pronuncia por reconocer los derechos de las personas con discapacidad para ser testigos en el ámbito de la justicia, resulta incomprensible el empecinamiento mostrado a la hora de oponerse a modificar el Reglamento citado en lo relativo a los actos notariales”. Por eso considera que “la normativa no puede vetar a las personas con discapacidad el ejercicio de este derecho, sino que debe garantizar la adaptación razonable”.

El Comité de la discapacidad recuerda además que existen otras iniciativas en esta misma línea, como por ejemplo la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista planteada en el Congreso para modificación la Ley del Tribunal del Jurado para su adaptación a la Convención. Dentro de los requisitos para ser jurado la actual Ley todavía alude a la ausencia de impedimento físico, psíquico o sensorial.

Esta declaración no da cabida a los apoyos que la sociedad debe prestar a las personas con discapacidad para garantizar su efectiva y plena participación en la vida civil y es por ello que se ha tomado la iniciativa de modificar dicha Ley.