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El Gobierno aplaza de nuevo, hasta 2014, la entrada a las personas con dependencia leve

Otro aplazamiento del Sistema de Atención a la Dependencia

  El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad plantea de nuevo el aplazamiento, hasta 2014, de la entrada al Sistema de Atención a la Dependencia a las personas valoradas como 'dependientes moderados grado I' (leves), según el Plan Nacional de Reformas enviado este lunes por el Gobierno español a Bruselas.

   El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo anunció la prórroga hasta 2013 de la aplicación de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para nuevos beneficiarios, que, según el calendario de aplicación de la norma, a partir del 1 de enero de 2012, correspondía a los 'dependientes moderados'.

   El Ministerio de Sanidad indica en este documento que va a reformar de forma "integral" el sistema para "garantizar su sostenibilidad". Para ello, quiere plantea avanzar en la "aplicación efectiva de la contribución económica del usuario del sistema" --copago-- mediante un desarrollo "coordinado" de la normativa de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar la ley.

   También se va a revisar el sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales --familiares de los dependientes, en su mayoría--, cuyas coutas son abonadas por la Administración General del Estado (AGE). Asimismo, El Gobierno va a revisar las cuantías de las ayudas por prestaciones económicas previstas en el sistema, que suponen la mayoría de las ayudas frente a los servicios.

   El Ejecutivo señala en este documento su intención de "potenciar" el papel del sector privado en la prestación de servicios de la ley de Dependencia, eliminando "trabas o preferencias por el sistema público" presentes, a su juicio, en la norma y en los desarrollos autonómicos de la misma.

   Según el Plan de Reformas del Gobierno, se va revisar el calendario de aplicación de la ley a las personas en situación de dependencia para "acompasarlo a las capacidades financieras" de la AGE y las comunidades autónomas.