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La primera ley dedicada exclusivamente al amplio sector de las personas con discapacidad

El CERMI homenajea los 30 años de la LISMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a través de su periódico ‘cermi.es semanal’- órgano de expresión del CERMI- rinde homenaje al 30 aniversario del cumplimiento de la LISMI, como “referente” para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, reconociendo el valor de esta norma y la historia que la acompaña.

En este sentido, cuenta con la colaboración de personas que formaron parte de los comienzos y la creación de la Ley, como, en esta ocasión, el presidente de COCEMFE, Mario García; y el ex director de FEAPS y actual delegado del CERMI de Estrategia y para el Tercer Sector, Paulino Azúa.

Hace 30 años, el Parlamento español aprobó la LISMI, por convicción del diputado por Barcelona, Ramón Trías Fargas, y por las propias personas con discapacidad. Se trata de la primera ley dedicada exclusivamente al amplio sector de las personas con discapacidad; y durante muchos años, ha sido la referencia fundamental en el mundo político, asociativo y empresarial para el reconocimiento de los derechos de millones de personas.

Para el presidente de COCEMFE, Mario García, quien considera la aprobación de la LISMI como un “paso de gigante”, que conlleva dos “hitos históricos” como las medidas de integración y el reconocimiento del concepto de dignidad, apunta que esta Ley sentó las bases para la adopción de políticas públicas de discapacidad, añadió nuevas prestaciones sociales y económicas a los planes de ayudas existentes, y sirvió de guía para el desarrollo del sistema legislativo en el ámbito de la discapacidad.

Sin embargo, reconoce que ahora las necesidades “han cambiado” y se hace “necesario” renovarla para adaptar la legislación a las circunstancias actuales, “aunque siempre conservando su esencia puesto que sigue viva a pesar del tiempo que ha pasado”.

Así, indica que el “principal” cambio que requiere la legislación española es asegurar el cumplimiento “de todas y cada una de las obligaciones recogidas en ella”. También hace referencia a las políticas activas de empleo como “pilar básico” para hacer frente a estas desigualdades, a la especialización de la oferta formativa y potenciar el trabajo de las entidades de intermediación o fomentar el autoempleo dentro del colectivo de personas con discapacidad, la economía social y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, afirma que la nueva norma deberá dar un impulso a la regulación de las Agencias de Colocación que colaboran con los Servicios Públicos de Empleo, acelerando su implantación en todas las Comunidades Autónomas y la especialización en colectivos con menos posibilidades de inserción (mujeres con discapacidad, personas gravemente afectadas o residentes en el medio rural).

Por otra parte, indica que hay que retomar el fomento de la autonomía personal, dado que los escasos esfuerzos de la sanidad actual son “insuficientes”, como la desactualización del catálogo ortoprotésico y la accesibilidad universal, que “sigue siendo una lucha constante”.

Por su parte, el ex director de FEAPS y actual delegado del CERMI de Estrategia y para el Tercer Sector, Paulino Azúa, hace un recorrido por el desarrollo de la LISMI desde su creación y destaca la falta de compromiso económico con la que se enfrentó en un primer momento como “uno de los mayores obstáculos”.

También resalta otro lastre para el desarrollo de esta Ley que es su elaboración desde la perspectiva de una España centralizada y, aunque la Constitución ya hubiera perfilado el modelo autonómico, no se había concretado en los respectivos estatutos de autonomía, la forma en que se iban a poner en práctica las competencias de las comunidades, lo que, según asegura, “incidió de forma importante en la eficacia de algunos artículos de la ley”.

Para él, esta ley tenía un enfoque asistencialista, orientada a la rehabilitación y a la creación de servicios y no contemplaba como hoy ni la autodeterminación ni la autonomía de la vida ni la perspectiva de género o la accesibilidad universal. Sin embargo, “eso no le quita valor a lo que supuso en su momento”, de hecho, reconoce, “la arquitectura de la discapacidad ha descansado durante los últimos veinte años en la LISMI y casos como el empleo protegido se basa en varios de sus artículos”.

“Es en definitiva, una Ley a la que el paso del tiempo le ha dejado su marca, pero fue una Ley muy importante y necesaria. Sin ella, la situación de las personas con discapacidad en España sería hoy distinta, y seguramente peor”, concluye.