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En relación al Real Decreto de mediación de asuntos civiles y mercantiles

Cermi pide garantías para una Justicia accesible

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de propuestas dirigidas al Ministerio de Justicia en relación de la reciente aprobación del Real Decreto de mediación en asuntos civiles y mercantiles, con el objetivo de garantizar la accesibilidad a la Justicia, permitiendo que las personas con discapacidad puedan ejercer “plenamente” su derecho a utilizar esta fórmula complementaria de la Administración de Justicia.

A través de una carta trasladada a la secretaria general técnica del Ministerio, Mireya Natalia Corredor, el CERMI plantea una serie de propuestas, que se ajustan a la necesidad de garantizar la accesibilidad a la Justicia, atendiendo las necesidades de cada discapacidad, tanto en la información previa como al procedimiento de mediación.

En este sentido, el CERMI explica que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, obliga a tomar las medidas “pertinentes”, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan una discriminación para las personas con discapacidad.

El tratado internacional también dicta que hay que adoptar las medidas “pertinentes” para desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, así como asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad.

Además, también establece que, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva, adaptándose a medidas tales como “exigencias de accesibilidad y de eliminación de obstáculos y re realizar ajustes razonables”, en todos los ámbitos de la vida, incluidos los bienes y servicios a disposición del público”.

Las propuestas planteadas por el CERMI también vienen motivadas por la necesidad de adaptar la normativa española a las nuevas obligaciones derivadas de la Convención de la ONU, que establece que se asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, entre otros aspectos.

Así, la mediación se plantea en el Real Decreto Ley como un “instrumento complementario” de la Administración de Justicia, destacando entre las ventajas de la mediación “su capacidad de dar soluciones prácticas, efectivas y rentables”.