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428 consulta duran el pasado año

Aumentan las denuncias ante el CERMI por vulneración de derechos

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe sobre las consultas atendidas por su asesoría jurídica durante el año 2011, en el que se destaca que sigue incrementándose el número de casos que son percibidos por los consultantes como situaciones que vulneran sus derechos, referidos a la discriminación y de falta de igualdad de oportunidades.

Durante el año 2011 el número de consultas que se recibieron en la asesoría jurídica del CERMI ascendieron a un total de 428 y con respecto al año 2010, casi se han registrado el mismo número de consultas con un leve incremento de 20 acciones respecto del año anterior.

Según el informe, en estos casos, la mayoría tienen que ver con la falta de acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, y la carencia de apoyos adecuados en la inclusión escolar de menores con discapacidad.

Asimismo, el número de consultas que reclaman el respeto al derecho de no discriminación por razón de discapacidad sigue incrementándose, ya que pasó de suponer un 3% del total de consultas al 9% en 2010. En 2011, las reclamaciones con base en la LIONDAU o en la Convención de la ONU han sido de 85, el 20% del total de las consultas, frente al 35% de 2010.

“Esto supone un incremento constante de la percepción de las personas con discapacidad en relación al respeto de sus derechos en igualdad de oportunidades”, establece el informe.

El documento también indica que los temas más recurrentes y que presentan una litigiosidad importante y que generan dudas a las personas con discapacidad son los relativos a las prestaciones sociales y económicas, que han sido objeto de consulta en 112 ocasiones, principalmente relacionadas con el empleo y la jubilación anticipada y que han pasado a representar el 26% frente al 21% del año anterior.

Así, el empleo sigue siendo uno de los ámbitos en los que más consultas se reciben. En 2011 ha habido 98 consultas (22%), de las cuales 33 están relacionadas con el empleo público - un número sensiblemente inferior a las registradas en el 2010, que ocuparon la mitad de las 81 consultas recibidas en el ámbito del empleo-, según el informe.

Dentro de este ámbito, las cuestiones más conflictivas siguen siendo la adaptación de las pruebas de acceso y de los puestos de trabajo. Al mismo tiempo, también son numerosas las consultas relacionadas con los incentivos a la contratación de personas con discapacidad.

Con respecto a la educación, las consultas atendidas también siguen incrementándose, sobre todo, las relacionadas con la educación obligatoria de menores con discapacidad, ya que suponen el 75 % de los conflictos, en numerosas ocasiones con una clara vulneración de los derechos de los menores.

Según el informe, los puntos de conflicto siguen siendo los mismos, como es la falta de acuerdo de los padres con dictámenes de escolarización en centros de educación especial, la falta de provisión de ajustes razonables y la frecuente discriminación de actividades complementarias a las estrictamente educativas de niños y niñas con discapacidad.

Por otra parte, también se destaca que las consultas sobre el derecho de vida independiente e inclusión en la comunidad y otras relacionadas con la vida autónoma suman un importante número.

En ellas se incluyen cuestiones relativas a la adaptación de vivienda, el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones, el reconocimiento y prestación de ayudas para la promoción de la autonomía o a la movilidad, que incluye la accesibilidad en el transporte y la posibilidad de movimientos en igualdad de oportunidades.

Para el CERMI, “todas estas cuestiones revelan obstáculos y falta de medidas para lograr una inclusión plena en la comunidad y ocasionan a la persona situaciones de dependencia por causas extrínsecas que deberían ser solventadas para alcanzar la igualdad plena y efectiva de derechos”.

Además, se indica que las cuestiones de familia, los temas de igualdad ante la ley, la integridad de la persona y la libertad y la seguridad son las cuestiones que más indefensión crean a las personas con discapacidad que acuden a la asesoría jurídica del CERMI, ya que, según señala el Comité, las víctimas no encuentran una protección legal eficaz y en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por último, el informe del CERMI apunta que las mujeres siguen acudiendo a los servicios jurídicos de la entidad “en menor número que los hombres”, aunque en la población con discapacidad haya más mujeres que hombres.