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Unas 147.000 personas de gravedad considerable esperan atención

Las autonomías atienden a 58.000 grandes dependientes menos

El año pasado por estas fechas las estadísticas oficiales registraban 58.439 grandes dependientes más que el día 1 de este mes de diciembre. De los tres grados considerados -que incluyen los leves y los moderados- son los más graves, generalmente ancianos de avanzada edad y escasa autonomía.

La mortalidad de este grupo es alta, pero se da por hecho que esas cifras no descienden, sino que unas personas se van sustituyendo por otras, porque los grandes dependientes no se acaban, y todo el mundo llega más tarde o más temprano a condiciones semejantes.

¿Dónde están, pues, esas casi 60.000 personas que se han perdido en el recuento interanual? Muchas de ellas, esperando la ayuda a la que tienen derecho y que no acaba de llegar, aunque corra mucha prisa.

Como la estadística no es todo lo completa que cabría esperar, no hay forma de saber cuántos de los 312.244 beneficiarios que están en lista de espera son grandes dependientes, severos o moderados. Pero si hay 888.832 reconocidos en uno de los dos grupos más graves y solo 741.713 atendidos en total, al menos 147.119 personas de las que esperan son grandes dependientes o severos. Hasta aquí lo que permiten adivinar las cuentas. Sin embargo, no es poco.

Los síntomas de parálisis y, en algunos casos, de agonía, que está mostrando el sistema de la dependencia en los últimos meses vaticinan un objetivo de ahorro que ya se está consiguiendo.

Atender a los grandes dependientes es lo más costoso, porque el servicio que ha de prestárseles siempre es más intenso: una plaza en una residencia geriátrica es más cara (2.100 euros de media al mes) que una ayuda económica para cuidar al anciano en casa, por ejemplo (635 euros). De tal forma que frenar el acceso de grandes dependientes al sistema es, si se quiere economizar, la mejor manera de conseguirlo.

Los cálculos indican ya algo así: en los dos últimos meses el coste de la dependencia es menor, algo que no debía ocurrir, porque siempre tiende a crecer, lógicamente, hasta que el sistema se complete. Pero en noviembre la dependencia ha costado en España 33.000 euros menos que en octubre. Y en algunas comunidades como Aragón, Asturias, Valencia, Extremadura, Madrid o Castilla-La Mancha, este fenómeno parece ya tendencia desde hace algunos meses. Y ello a pesar de que la lista de espera sigue creciendo en varias de ellas.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha estimado el coste del sistema en los últimos seis meses a partir de los precios medios de los servicios y las prestaciones (cálculos prácticamente idénticos a los efectuados por el Ministerio de Sanidad y Política Social en su reciente informe de la ley), porque no hay otra forma de hacerlo si las comunidades no ofrecen las cifras reales.

Pues bien, con esas estimaciones, Castilla-La Mancha se lleva la palma en ahorro en dependencia en el último mes respecto al anterior, casi un millón de euros menos que en octubre. 378.000 menos en Andalucía, 333.000 menos en Aragón, 210.000 menos en Extremadura y otro tanto en La Rioja, por citar algunos ejemplos, porque el saldo es negativo en 11 comunidades, 12 si se cuentan Ceuta y Melilla.

"La ralentización de la ley es un hecho, pero la situación por comunidades es muy desigual. Si tenemos en cuenta el coste mensual por persona atendida, se observa que hay comunidades en las que ese coste es menor que la media nacional y, sin embargo, atienden a los dependientes en condiciones óptimas, como en Castilla y León", analiza Luis Barriga, miembro de la asociación de gerentes, quien ha elaborado estos cálculos.

El coste mensual por persona atendida de media en España es de 748 euros y en Castilla y León sale a 722,49 euros. "Un coste más bajo no es síntoma de peor atención, sino de un catálogo de prestaciones equilibrado entre las ayudas económicas y los servicios, informa "El País".

Lo que no es de recibo, por ejemplo, es que cinco años después, comunidades como Aragón, Baleares, Canarias, Valencia o Murcia no hayan registrado bajo la ley de dependencia, reconocido como derecho subjetivo, a ningún atendido con ayuda a domicilio, por ejemplo, que no es caro y es muy adecuado en algunas situaciones", explica Barriga. "Castilla y León tiene la mejor ratio coste-eficiencia, menor lista de espera, mayor cobertura y alta variedad de servicios y prestaciones, y sin embargo, no le sale tan caro", dice.

Este experto opina que, vistos los datos, "algunas comunidades han perdido el tren y ahora se acercan momentos económicos duros y lo tendrán complicado, mientras que otras, las que se apoyaron en las entidades locales para organizar su sistema, presentan las mejores cifras". Se refiere a Castilla y León y al País Vasco.

Las ayudas de la dependencia costaron en 2010 casi 6.000 millones de euros -más o menos lo que ha supuesto el rescate de la Caja de Ahorros del Mediterráneo esta semana- y con ellos se atendió a 669.000 personas. "Nuestros cálculos indican que en 2011 tendrán un incremento de 900 millones cuando deberían haber sido 2.000. Esta ley no parece cara, pero muy pocos empiezan a considerarla como un motor para el empleo, a distinguir con claridad gasto de inversión", dice Barriga.

La asociación de gerentes sugiere además que una buena atención de muchos dependientes crónicos aliviaría sustancialmente la factura sanitaria en España. "El sistema sanitario es buenísimo para agudos, pero no para crónicos, para lo que no está preparado y sale carísimo. Si se les atendiera en el sistema de servicios sociales estarían mejor y saldría más barato", afirma Barriga.