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La ley ha generado 123.000 empleos directos

El Estado financió el 39% del gasto total de dependencia en 2010

El gasto corriente total en atención a la dependencia alcanzó en 2010 los 6.767 millones de euros, de los que la Administración General del Estado aportó 2.625 millones de euros a la financiación de esta cantidad, lo que supone el 39 por ciento del total.

Así figura en el informe que la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, presentó en el Consejo de Ministros sobre la evaluación de la de la dependencia, que indica, que a 1 de octubre de 2011, 739.949 personas eran beneficiarias del sistema y se les ha reconocido un total de 911.050 prestaciones.

El Ministerio afirma en un comunicado, que el calendario de desarrollo de la ley "se ha cumplido fielmente según lo previsto" y ya se han incorporado al sistema las personas valoradas con un nivel de dependencia muy grave y grave.

El gasto corriente total el pasado año en atención a la dependencia se situó en 6.767 millones de euros.

El departamento que dirige Leire Pajín informa de que el indicador de gasto por habitante mayor de 80 años en 2009 se situaba en 866 euros, mientras que en 2010, el gasto aumentó hasta llegar a los 1.434 euros, es decir, un incremento del 65,64 por ciento.

En el gasto por habitante: en 2009 era de 75 euros y en 2010, 113 euros (un aumento del 50,66 por ciento).

La Administración General del Estado ha financiado el 47 por ciento del gasto total en atención a la dependencia en 2009, año en el que aportó 2.299 millones de euros del coste total, estimado en 4.848 millones.

Al año siguiente, en 2010, el Estado aportó 2.625 millones de euros a la financiación del gasto global en dependencia, lo que representa el 39 por ciento del total de los 6.767 millones.

Respecto al gasto "nuevo" -el relativo a las nuevas prestaciones reconocidas al amparo de la ley- en 2009 fue de 2.262 millones de euros, en tanto que en 2010, aumentó hasta los 3.623 millones, es decir, un 61 por ciento del gasto total en materia de atención a la dependencia, apunta el Ministerio.

En cuanto al gasto "nuevo neto", que comprende las aportaciones de las administraciones públicas sin tomar en consideración las aportaciones de las personas beneficiarias, en 2010, apunta el comunicado, se habría "casi alcanzado el equilibrio financiero" marcado por la ley de la dependencia.

En concreto, la Administración participó en un 54 por ciento y las comunidades autónomas aportaron el 46 por ciento. En Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia, la aportación del Estado al coste nuevo de la Ley de la Dependencia superó el 70 por ciento, según el Ministerio.

Los empleos generados vinculados a la atención a la dependencia durante 2009 y 2010 ascienden a 123.000 directos y 42.000, indirectos. Por otra parte, un 19,70 por ciento de los gastos que supone la ley se han recuperado a través de retornos fiscales de diferente naturaleza.

La ley ha tenido un impacto en el volumen de la producción real de la economía española durante el periodo desde 2008 hasta 2010 de 0,15 puntos porcentuales respecto a la tasa media de crecimiento anual.

El informe también recoge el resultado de las encuestas de valoración realizadas a las comunidades autónomas, interlocutores sociales y económicos, organizaciones sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias, y a las personas beneficiarias y cuidadoras.

Las encuestas revelan que un 80,7 por ciento de los beneficiarios consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, con una valoración media de notable.

Sobre los servicios y prestaciones del sistema, el 78 por ciento les dan la calificación de buenos o muy buenos con un puntuación media también de notable. El 82,8 por ciento de los cuidadores considera positiva o muy positiva la protección a los beneficiarios y la valora con 3,7 puntos sobre cinco.