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Leire Pajín presidió por primera vez el Pleno del CND

El Consejo Nacional de la Discapacidad apoya la Ley de Igualdad de Trato

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, presidió por primera vez el Pleno del Consejo Nacional de Discapacidad, que reúne a las principales organizaciones del ámbito de la discapacidad. Durante la reunión, se presentó el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, norma a la que estas organizaciones han mostrado su apoyo.

Además, se ha analizado el informe sobre el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado, elaborado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y se ha presentado el informe de la Oficina Permanente Especializada sobre:

- La situación de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y sus familias.

- El grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación.

- Propuestas de medidas o decisiones que prevengan situaciones de discriminación por razón de discapacidad.

INFORME SOBRE LA LEY DE IGUALDAD DE TRATO

El colectivo de las personas con discapacidad es uno de los beneficiarios de la normativa que se está tramitando en materia de igualdad y no discriminación, que recoge en un solo texto toda la normativa relativa a discriminación en España y que traspone la normativa europea sobre esta materia.

Durante la reunión, la ministra ha mostrado la disposición del Gobierno a incorporar aportaciones de los colectivos consultados antes de su aprobación definitiva por el Gobierno y remisión a las Cortes.

Por su parte, las organizaciones del ámbito de la discapacidad representadas en el Consejo Nacional de Discapacidad han expresado su apoyo a la norma que está tramitando el Ejecutivo y han agradecido la iniciativa política del Gobierno en esta materia. Los representantes de estas organizaciones también han podido aportar sus puntos de vista sobre aspectos concretos del anteproyecto de ley.

La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación es una ley general, de garantías e integral, que persigue un doble objetivo: prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador. La intención del Gobierno es que sea una ley de consenso y abierta a la participación.

INFORME SOBRE EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL EMPLEO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública elabora un informe anual con la información e indicadores relevantes sobre el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. El informe, que se ha presentado hoy, analiza el periodo 2003-2009.

Dos son las principales conclusiones de este documento: la evolución positiva del empleo en las personas con discapacidad en el sector público y el efecto satisfactorio de las medidas adoptadas en la oferta de empleo público en los Cuerpos y Escalas de funcionarios de la Administración General del Estado.

Medidas adoptadas por el Gobierno

Además, se comprueba el efecto positivo de las medidas adoptadas en la oferta de empleo público en los Cuerpos y Escalas de funcionarios de la Administración General del Estado. Desde 2004, el porcentaje de reserva de plazas para personas con discapacidad ha sido del 5% o superior en el turno libre y se ha elevado en la última convocatoria de 2010 hasta el 7% (un 2% del total corresponde a personas con discapacidad intelectual).

En relación con este punto, el Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros del 3 de diciembre de 2010, el proyecto de Ley de Adaptación de normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se aumenta la reserva de plazas para personas con discapacidad hasta un mínimo del 7% en todos los procesos públicos de empleo; al menos el 2% de las plazas ofertadas serán cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto (hasta completar el 7% total) se destinarán a personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Igualmente, este informe destaca otros aspectos relacionados con el acceso de las personas con discapacidad a las ofertas públicas de empleo, como la adaptación de tiempos y medios para la realización de las pruebas, o la adaptación de los puestos de trabajo.