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El Comité considera el proyecto de ley “susceptible de mejoras”

CERMI pide al Congreso que tramite "con urgencia" la Ley de Igualdad de Trato

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido al Congreso de los Diputados que tramite "con urgencia" la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.

Pérez Bueno ha señalado que “las cuestiones de discriminación tocan los derechos humanos, y en materia de derechos humanos todo es urgente y necesario. Tenemos una cierta impaciencia por que estas cuestiones se afronten cuanto antes. Como sector de la discapacidad, queremos que la norma se apruebe pronto, siempre que tenga un amplio consenso”.

El presidente del Cermi ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Igualdad del Congreso, en la que ha comparecido para dar su opinión sobre el citado proyecto de ley.

Asimismo, Pérez Bueno ha señalado que “España va por delante de Europa en este tipo de cuestiones”, ante la pregunta de si es conveniente o no esperar a que Europa apruebe una directiva europea de no discriminación, antes de dar luz verde a la ley española.

“La sociedad civil tenemos una visión triste y deprimida de Europa”, ha añadido. “Esa directiva lleva años en una posición de inactividad y no parece que vaya a haber consenso para que sea aprobada. Europa no ha conseguido lo que España ya tiene en materia de no discriminación”.

Así, ha declarado que “aunque no somos dueños de los calendarios políticos, consideramos necesario que se apruebe una ley de las características de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Apelamos a la valentía para que esta ley salga adelante”.

Mejoras para Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación

Sin embargo, ha señalado que al mismo tiempo que considera que el proyecto de ley “es una iniciativa legislativa, genéricamente considerada, oportuna, conveniente y útil”, también entiende que “es susceptible de mejoras de diversa índole a través de enmiendas que perfeccionen el texto original remitido por el Gobierno y que permitan confeccionar una ley que suscite un amplio consenso parlamentario, reflejo del contexto social”.

Así, el CERMI ha elaborado un documento de propuestas de enmiendas, que tratan “sustancialmente” de acompasar y acomodar dos sistemas de no discriminación: el sectorial de la discapacidad y el genérico que ahora se va a establecer con esta Ley, con el objetivo de que “mutuamente se beneficien”.

Pérez Bueno ha partido de la idea de que la desigualdad “es un hecho” ya que “más del 65% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas por razón de su discapacidad a lo largo de su vida”, según estudios del CERMI.

Según el presidente del CERMI, “como grupo social diferenciado, la discapacidad cuenta en España con una legislación de no discriminación, basada en las orientaciones y principios de igualdad de trato imperantes en el marco internacional y europeo”. “Este marco jurídico resulta útil y ayuda a combatir las discriminaciones y acceder progresivamente a los ejercicios de derechos y libertades fundamentales”, ha afirmado.

Sin embargo, al mismo tiempo ha reconocido que si transcendemos la discapacidad y consideramos globalmente la situación, el panorama es bastante menos alentador. “España carece de una legislación antidiscriminación amplia e integral para todos los sectores, para todas las personas y para todos los ámbitos de la vida en comunidad”, ha añadido.

“Nuestro marco antidiscriminatorio es pues discontinuo, fragmentado y desigual en cuanto a alcance y efectividad, lo que aconseja disponer de una legislación integral de igualdad de trato que combata todas las formas de discriminación a las que puede verse sometida la ciudadanía”, ha destacado.

Por ello, ha considerado que el enfoque de igualdad de trato y no discriminación es un valor propio de los ordenamientos jurídicos avanzados que forma parte de los sistemas y organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea.

Por tanto, “no obedece a una visión ideológica o partidista de la sociedad o de la vida en comunidad, sino que es un atributo compartido y asumido como núcleo integrante de las sociedades democráticas”, ha opinado. Asimismo, según ha indicado, para el CERMI, “este enfoque es un valor social y jurídico”.