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Para hacer frente a la crisis del coronavirus

CERMI reclama un fondo de rescate de 225 millones para discapaciad

El Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado la creación de un fondo de emergencia de rescate del Tercer Sector de Acción Social del sector de la discapacidad de 225 millones de euros, dentro de uno más amplio de 1.000 millones de euros para todo el Tercer Sector.

“Hay datos estremecedores entre las personas con discapacidad”, ha señalado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en el Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.

En concreto, Pérez Bueno ha lamentado el fallecimiento por coronavirus de 430 personas trasplantadas de riñón o en diálisis; y de casi 200 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como de víctimas mortales entre las personas con parálisis cerebral y con lesión medular.

“Esta estadística tétrica es sólo en el ámbito de gestión asociativo, no de todas las personas con discapacidad que están en otros recursos. Pero es un número demoledor”, ha matizado.

En este contexto, el CERMI ha entregado en el Congreso de los Diputados un documento en el que han registrado “las principales violaciones de los derechos humanos” de las personas con discapacidad en tiempo de la pandemia.

Decálogo de propuestas para el sector de la discapacidad

Además, Pérez Bueno ha presentado un decálogo de propuestas para ayudar al sector de la discapacidad en el marco de la reconstrucción por la crisis sanitaria, económica y social. “Estamos a punto de colapsar como Tercer Sector de Acción Social”, ha asegurado.

Entre las propuestas del CERMI, Pérez Bueno ha destacado la necesidad de “anclar” un marco de financiación “estable, suficiente y claro” que permita al sector de la discapacidad “abandonar la agonía perpetua”. Además, ha pedido declarar al Tercer Sector como entidades colaboradoras de las administraciones públicas para no estar apartados “de las políticas que verdaderamente cambian y transforman”.

El sector de la discapacidad, según ha añadido el presidente del CERMI, necesita un nuevo marco legal para la inclusión laboral que les lleve en cinco años “a aumentar hasta el 50 por ciento la tasa de actividad laboral”, con la creación de “más de 200.000 nuevos empleos dignos y decentes”.

Para acabar con la “hostilidad del entorno” y conseguir la accesibilidad universal, el CERMI pide una reforma de la ley de propiedad horizontal “para que las casas no sean prisiones permanentes”, así como “afianzar la accesibilidad universal”.

En la misma línea, Pérez Bueno ha hecho hincapié en que las familias, que son la “primera y última red de apoyo y protección” para las personas con discapacidad, “están demasiado solas para afrontar la atención permanente”. “Necesitamos un soporte para las familias”, ha dicho.

En cuanto a la transformación digital, ha indicado que lo digital “tiene que ser accesible” para que no “deje fuera” a las personas con discapacidad. Así, ha destacado que “todo lo que viene nuevo tiene que nacer accesible” y ha lamentado que la tecnología “no es barata”.

Por otro lado, el presidente del CERMI ha recordado que hay 1 millón de personas con discapacidad en el medio rural y ha subrayado que la gente “tiene que vivir donde quiere y no tener que emigrar para ir donde hay servicios”. “Tenemos que poner todo nuestro talento como país para conjugar lo social, la economía verde y la economía colaborativa contra la despoblación de nuestro territorio”, ha concretado.

Ingreso Mínimo vital, un hito social

En referencia a la aprobación del ingreso mínimo vital ha dicho que es un “hito social” al que no pueden “más que saludar”. Por ello, ha pedido a todos los grupos parlamentarios que “lo apoyen” y que lo tramiten como Proyecto de Ley porque, a su juicio, “es susceptible de mejora”.

Para el presidente del CERMI, la nueva renta “es una legislacion de urgencia” que tiene “recorrido de mejora” y que “puede intensificar su sensibilidad hacia las personas con discapacidad”. “Esta primera arquitectura no nos ha dado toda la respuesta que consideraríamos necesaria”, ha lamentado.

Por otro lado, ha criticado que se han producido “triajes” en la atención sanitaria al considerar que la condición de la discapacidad “sea un elemento de si se recibe atención de salud o no”. “Me parece infame. Podemos entender el colapso del sistema de salud, no deseo eso para nadie, les presumo la mejor buena fe al personal sanitario”, ha precisado.

“Nunca podemos erigirnos en valorar si una vida es mejor o no. Todas las vidas son igual de dignas, de valiosas, no pueden estar en función de otros criterios que no sean la dignidad absoluta de toda vida humana”, ha explicado Pérez Bueno.

Compromiso de las fuerzas políticas con la discapacidad

Durante el turno de réplica, la socialista María Luisa Carcedo ha señalado que el coronavirus “ha agudizado de forma a veces grave” los “déficits” que ya tenían algunas personas para relacionarse, por lo que ha pedido un “compromiso de todos” para impulsar la accesibilidad universal.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Rosa María Romero ha mostrado estar “totalmente de acuerdo” con la necesidad de crear un fondo adicional para apoyar a las entidades del Tercer Sector “que en estos momentos han estado al lado de los que lo necesitaban”.

Asimismo, la popular ha insistido en que las personas con discapacidad en el medio rural “tienen todavía más difícil poder salir adelante” y ha recordado que las mujeres con discapacidad “se enfrentan a una doble discriminación”.

En representación del Grupo Parlamentario Vox, la diputada Rocío de Meer ha destacado que la “obligación” de los poderes públicos es la de “remover los obstáculos con los que se encuentra la discapacidad”. Así, ha añadido que el reto de la accesibilidad “es evidente” por lo que tienen hacerle “frente” las fuerzas políticas.

Respecto al ingreso mínimo vital, la diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común Marisa Saavedra ha reconocido que “ha tenido una articulación de urgencia”. “Lo entendemos como un primer paso y tendrá que ir mejorando e incorporando aportaciones para ir adaptándose a la realidad, porque es una medida de futuro”, ha explicado.

Para la diputada de Más País-Equo Inés Sabanés, muchos de estos temas relacionados con la discapacidad “son históricos” y se llevan “trabajando y no resolviendo a lo largo de muchos años”, por lo que ha apostado por “trabajar con otra lógica y otra dirección”.

Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos Sara Giménez ha dicho que el ingreso mínimo vital “es un proyecto mejorable” y ha asegurado que la salida de la pobreza “va a venir de los buenos itinerarios”. “Nadie debe quedarse atrás”, ha concluido.