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El Senado apoya que también se beneficien de esta reducción los centros privados

El IVA de todos los servicios a la dependencia, a un paso de bajar al 4%

El sector de servicios a la dependencia, tanto público como privado y concertado, llevaban años denunciando que el Ministerio de Hacienda penalizaba a los usuarios, millones de personas. Y eso es especialmente grave si se tiene en cuenta que la ley de Dependencia ha sido una de las que más recortes han sufrido a consecuencia de la crisis. Servicios que, pese a que están reconocidos, no se han podido dar por falta de presupuesto.

Con la aprobación de los presupuestos del 2018, el gravamen a estos servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y residencias) ha bajado del 10% (IVA reducido) al 4% (superreducido). Pero no para todos: sólo para los de titularidad pública o aquellos privados con los que las administraciones mantienen conciertos. Algo que los dependientes consideraban injusto ya que, con las enormes listas de espera existentes, muchos se veían obligados a acudir a un centro privado.

El pasado miércoles, el Senado dio el primer paso para acabar con esta desigualdad. Todos los grupos con representación en la Cámara Alta, excepto Podemos, que se abstuvo, aprobaron la proposición de ley del PDECat que pide que se aplique el IVA superreducido a todos los servicios a la dependencia, independientemente de su titularidad.

El senador del PDECat Josep Lluís Cleries defendió la propuesta alegando que los servicios de dependencia “son de primera necesidad, no son lujos”. Cleries recordó que esta es una reivindicación histórica del sector, que no entiende por qué un servicio imprescindible para millones de personas está penalizado con un IVA más alto. Pero, una vez han entrado en vigor los presupuestos, se siguen penalizado a los miles de dependientes que acuden a servicios privados “al no tener otra opción”, explicó, ante la larga lista de espera existentes.

“Tenemos con esta proposición de ley la oportunidad de ayudar a las personas dependientes que necesitan estos servicios y a sus familias”, indicó el senador, quien explicó que esto no implica que no se deba mejorar la financiación de la ley de la Dependencia. En esta línea se manifestaron también los senadores del PSOE y del PNV que insisten en la necesidad de “revertir los recortes” del PP y “recuperar los niveles de financiación” establecidos en la ley.

La senadora de ERC Anna Azamar se encargó de aportar los datos: en España hay actualmente 310.000 personas con derecho a servicios por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que no tienen plaza en un centro público, bien por retrasos en la valoración, bien por insuficiencia de la oferta. “No es justo que deban pagar por ello”.

Podemos justificó su abstención indicando que esta modificación “supondrá una privatización encubierta de los servicios, al igualar los precios entre resi­dencias públicas y privadas”. “El atajo de reducir el IVA a todo tipo de entidades con independencia de su naturaleza pública o privada no es la manera de recuperar el Sistema de Atención a la Dependencia”, señaló su portavoz, Miguel Mesón.

Lo aprobado este miércoles es el inicio de un proceso que ahora continuará en el Congreso. Si no hay enmiendas, se aprobará tal y como ha salido del Senado. Si las hubiera, regresará a la Cámara ­Alta para que de el visto bueno ­definitivo.

Con los ojos en los presupuestos

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Luisa Carcedo, sigue confiando en que finalmente se aprueben los presupuestos para el año 2019 porque eso permitiría sacar a la dependencia del estado de semiabandono en el que se encuentra. Las cuentas acordadas entre el PSOE y Podemos permitirían a las comunidades disponer de 2.500 millones destinados a bienestar social, especialmente para servicios sociales y dependencia.

A su juicio, esos presupuestos tienen en su mano acabar, si no con toda, al menos una gran parte de la “bolsa” de 300.000 dependientes que tienen reconocido el derecho a un servicio al que no acceden. “Depende de las comunidades, claro está, pero sí, se eliminaría casi toda la lista de espera”, indicó a La Vanguardia. Pero, para ello, deben aprobarse los presupuestos, posibilidad a día de hoy bastante remota.