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Las comunidades aportaron en 2017 el 83,7% del gasto, frente al 16,3% del Ejecutivo

350 millones de euros menos en dependencia que antes de los recortes

El Gobierno gastó el año pasado 350 millones de euros menos en dependencia que en 2011, cuando no se habían aplicado todavía los recortes en el sector. En este tiempo, el gasto del Ejecutivo ha ido disminuyendo y el número de beneficiarios, aumentando, según informa "El País".

Hace siete años, el Gobierno destinó 1.568 millones para atender a las 740.000 personas que recibían una prestación, frente a los 1.268 millones de 2017 para los más de 950.000 beneficiarios. Es decir, el peso ha ido recayendo cada vez más en las comunidades autónomas, pese a que estas y el Ejecutivo están obligadas a cofinanciar el sistema.

El año pasado, los Gobiernos regionales aportaron 6.241 millones de euros, el 83,7% de la inversión pública certificada, según los datos remitidos por el propio ministerio al Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Este dato incluye el copago aportado por los usuarios a las autonomías. Según estimaciones del obsarvatorio, este superó los 1.200 millones de euros el año pasado. Desde 2011, el Gobierno ha ido disminuyendo porcentualmente su aportación, pasando del 24,1% de entonces al 16,3% de 2017.

“El año pasado, el Gobierno continuó en retirada respecto a la financiación”, critica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Esta organización carga en un comunicado contra la “incapacidad y la vergüenza” del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en 2017 no ejecutó en su totalidad un “presupuesto recortado”. De los 1.268 millones consignados el año pasado, quedaron sin gastar 44. 

El observatorio critica el desigual reparto de los esfuerzos para hacer frente al crecimiento de gasto del sistema. La financiación estatal fue mermando a partir de 2011 y no se han recuperado los niveles previos a los recortes. Son las comunidades y los usuarios los que han asumido este esfuerzo. En 2017, las autonomías aportaron 6.241 millones de euros. La asociación no dispone de la cifra exacta correspondiente al copago que asumen los usuarios, pero estima que se sitúa en el 20,5%. Por tanto, el año pasado la cantidad financiada directamente por las comunidades se situó en unos 4.900 millones de euros. Antes de los recortes, esta cifra era de unos 3.800 millones. Desde entonces, ha ido rondando los 4.000 millones.

 En su nota, la asociación critica el “sistemático y doloso incumplimiento de una ley, cuando 300.000 personas” se encuentran en lista de espera para recibir la prestación a la que tienen derecho. El observatorio estima que en 2017 un centenar de personas murieron cada día sin haber percibido su ayuda.

Si bien la lista de espera disminuyó el año pasado en casi 39.000 personas (al pasar de los 348.509 de diciembre de 2016 a los 309.520 de finales de 2017), la asociación atribuye la mejora al “incremento de servicios de bajo coste” —como puede ser, por ejemplo, la teleasistencia—, dirigidos a dependientes moderados, con lo que se “abandona a los más graves, que requieren atención con mayor urgencia”, es decir, los dependientes severos y grandes dependientes. “Baja la lista de espera, pero se mantiene la de las personas más graves, que sigue inamovible en torno a 110.000”, detalla el presidente de la asociación.

Esto explicaría que el gasto medio por dependiente también haya ido disminuyendo con los años. El observatorio dispone de los datos oficiales correspondientes a los tres últimos años (anteriormente trabajaban con estimaciones). En 2015, el gasto era de 9.075 euros anuales. En 2016, de 8.437. En 2017 volvió a bajar hasta los 8.225 euros.

Según esta asociación, los datos facilitados por el ministerio —y obtenidos a partir de fuentes oficiales certificadas por la intervención de cada comunidad autónoma— confirman el impacto acumulado en el gasto público de los recortes de 2012: hasta diciembre del año pasado ha sido de 4.600 millones de euros. Este es el motivo por el que solicitan al actual Gobierno que cumpla con el pacto por la dependencia, firmado en 2016 por todos los grupos políticos a excepción del PP, y que se recupere la inversión previa a los recortes, lo que requiere introducir en el sistema 470 millones de euros anuales, “que permitirían atender a 100.000 personas en el limbo de la dependencia y generar 30.000 puestos de trabajo directos”.

“En un primer momento pedimos revertir los recortes. Después, iniciar el camino para conseguir negociar dentro del consejo territorial y que la Administración General del Estado acabe aportando el 50% de la financiación, que es lo que establece la ley”, expone Ramírez. “Esto implicaría que el Gobierno doblase la inversión que realiza actualmente”.

Como aspecto positivo, el observatorio destaca el “cambio de actitud del ministerio”, que ha facilitado “por primera vez la información de la financiación del sistema”. Este era uno de los cinco puntos acordados en el pacto de 2016. “Un avance democrático en transparencia e información que vale la pena reconocer”, se destaca en el comunicado.