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También en la provincia de Granada

El fraude a pacientes con lesión medular se extiende ya por una docena de provincias

La publicación de la detención de la investigadora y médica vallisoletana Almudena Ramón y de su pareja sentimental, Eduardo R., por un presunto fraude millonario a personas con lesión medular ha propiciado la aparición de nuevas víctimas que han pasado por las manos y la cuenta corriente de los acusados y que, hasta ahora, no se habían atrevido a denunciar.

Por el momento, la Guardia Civil y la jueza de Instrucción número 2 de Elx tenían localizadas más de cien víctimas en alrededor de una decena provincias, entre las que se encuentran las tres valencianas, así como Jaén, Vitoria, Granada, Murcia o Almería, entre otras. Tras la publicación de la noticia, las llamadas a la Guardia Civil, tanto de València como de otros puntos del país, no han dejado de sucederse.

De momento, se han detectado nuevos posibles casos en puntos tan dispares de la geografía española como Guipúzcoa, Sevilla o Mallorca. Y está previsto que a partir del lunes comience la formalización de las denuncias y la toma de declaración de los afectados, que de momento no se han puesto en contacto entre sí para formar una plataforma de actuación jurídica conjunta.

Las víctimas son pacientes con lesión medular o familiares de estos que recurrieron a Ramón y su socio y compañero sentimental, atendiendo al anuncio en su página web que prometía la regeneración del daño neural con una revolucionaria técnica de trasplante de células adultas de la glía envolvente olfatoria, ubicadas en el bulbo olfatorio, a la médula espinal, donde, según ellos, reparaba ese daño hasta hacer recuperar no sólo la sensibilidad sino también la movilidad a personas postradas en una silla de ruedas o en una cama.

Repercusión mundial

La técnica no es nueva. Almudena Ramón alcanzó fama mundial en 2000 cuando logró que funcionara en algunos ratones con daño medular cuando formaba parte, como investigadora contratada, de la plantilla del Instituto de Biomedicina de València, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Más tarde, logró un espacio en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València, fundación privada adscrita a la Conselleria de Sanidad, para avanzar en los ensayos clínicos de la técnica con seis primates. Dos pertenecían al CSIC -pagados, al parecer, por el Instituto de Biomedicina valenciano- y otros cuatro a la Junta de Castilla y León, organismo al que Ramón dijo haber girado en su momento la factura por los monos que había desembolsado inicialmente el CIPF.

El asunto terminó como el rosario de la aurora. En 2007, el centro canceló la investigación en sus instalaciones, desalojó a Almudena Ramón y le retiró los animales -uno de ellos, uno de los dos del CSIC, tuvo que ser sacrificado, al parecer, como consecuencia de los experimentos- y el resto acabaron en un refugio para animales salvajes en Alicante, hoy día ya cerrado.

Ramón denunció al director del centro por apropiarse de su proyecto, entre otras cosas, y a varios de sus compañeros por acoso, pero todas las demandas acabaron en agua de borrajas, esto es, archivadas.

Fue precisamente en el Príncipe Felipe donde conoció e inició la relación sentimental con Eduardo R., que realizaba labores administrativas en el CIPF y que ahora ha sido detenido junto con Almudena como presunto coautor de la estafa que les imputa la jueza de Elx.

Sin ensayos clínicos

Las acusaciones contra ambos se sustentan entre otros hechos, en que la terapia que ofertaban tanto en la clínica que funcionó dentro del hospital IMED de Elx de 2015 a mediados de 2016, como la abierta después en un edificio de despachos de la avenida de las Corts Valencianes, en València, operativa desde finales de 2016 hasta después de las detenciones del pasado 15 de mayo, no cuenta ni con ensayos clínicos en humanos ni, evidentemente, con la autorización de la Agencia Española del Medicamento ni de ningún otro organismo sanitario.

Eso sí, Almudena había registrado varias patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que la acreditan como pionera en el uso de algunas de las técnicas que usan células glía envolventes del bulbo olfatorio para la regeneración de los axones medulares seccionados.

Sin embargo, todas esas patentes lo son para procedimientos con ratas y ratones, pero ni una sola está autorizada para su uso en primates -la investigación en el Príncipe Felipe no aportó avances- y, mucho menos, para humanos.

Así, los dos detenidos están acusados, además de la estafa, de un delito contra la salud pública, no solo por supuestamente haber infringido las leyes aplicando terapias no homologadas ni validadas, sino porque, a mayores, administraban medicamentos a los pacientes cuyos principios activos aún están bajo investigación en los laboratorios dé Sanidad después de que la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil de València se incautase de numerosos frascos y botes en el registro de la clínica de València, en el marco de la Operación Summas.

Tal como ha venido publicando Levante-EMV, Almudena Ramón y Eduardo R. fueron detenidos el pasado 15 de mayo y están a disposición de la juez de Elx por supuestamente estafar a lesionados medulares tras cobrarles a cambio de un tratamiento que, decían, les devolvería la movilidad o, al menos, la sensibilidad.

Los investigadores estimaban en más de cien el número de víctimas, antes de la difusión de la operación policial, cifra que crecerá «de manera notoria», creen, una vez conocidos los hechos por la opinión pública.

La cuantía del fraude se calcula, inicialmente, en un millón de euros, aunque también esa cifra se intuye corta dada la dimensión que está alcanzando la investigación